En este sentido, CERMI ha resaltado la importancia de los indicadores para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en la medida que permiten la formulación idónea de políticas públicas, identificando y eliminando las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.

 

La recolección, sistematización y uso de datos estadísticos, no solo sirve para garantizar derechos sino también para proponer mejoras en las condiciones de vida de las personas con discapacidad. De ahí la necesidad de contar con un conjunto robusto de indicadores para medir y analizar la aplicación de la Convención.

 

El CERMI considera que los cambios legislativos requieren planificación y continuidad. Para ello, es clave contar con políticas públicas que puedan ser monitoreadas y mejoradas. En otras palabras, es necesario medir la conducta estatal bajo la impronta de la satisfacción plena e interdependiente de los derechos.

 

Tal como se ha reflejado en las aportaciones de CERMI al estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la medición es una tarea compleja que implica cuantificar factores de carácter objetivo (ingresos, salud, educación, empleo, etc.) como percepciones y estados personales. El hecho es que tanto uno como otro, son medibles y que para captarlos adecuadamente se requieren de indicadores objetivos y subjetivos.

 

La evidencia muestra que las personas con discapacidad son más propensas que las personas sin discapacidad a experimentar pobreza, violencia, exclusión social. Por lo tanto, tienen menos probabilidades de usar la prevención de la atención médica y enfrentan mayores barreras para acceder a los servicios de salud. En ese sentido, la medición del bienestar de las personas con discapacidad debe hacerse de acuerdo con patrones ligados a la exclusión estructural y sistemática que padecen.

 

Asimismo, el CERMI ha señalado que la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 proporcionó un marco, en la práctica muy débil, para que España cumpliera con sus obligaciones en virtud de la Convención, en la medida en que identificó doce áreas de acción y medidas estratégicas para la acción política y reconoció la importancia de monitorear y reportar el progreso.

 

Sin embargo, a pesar de los compromisos asumidos por España, no existe un sistema público nacional de seguimiento sistemático para determinar si la vida de las personas con discapacidad está mejorando y si se están reduciendo las desigualdades entre personas con y sin discapacidad.

 

El CERMI ha venido realizando esta tarea y en sus informes anuales, desde el lanzamiento de la citada Estrategia, ha informado que las lagunas de datos en las áreas de actuación no se han cerrado, incluso ampliándose en algunas de ellas. La aplicación de estrategias de medición adecuadas que permitan informar y evaluar el impacto de las iniciativas gubernamentales en la vida de las personas con discapacidad y ayudan a identificar las prioridades políticas emergentes. Sin ellos, falta transparencia pública y rendición de cuentas sobre el progreso hacia la consecución de una sociedad inclusiva.